El acceso a un aborto seguro constituye un derecho que debería poseer toda mujer, niña o persona que pueda quedarse embarazada. Su supresión provoca la violación de múltiples derechos como el derecho a la propia vida, a la salud, a la intimidad, a la autonomía o a no sufrir ni violencia, ni discriminación.
En los últimos años se han visto importantes avances hacia este derecho. Destaca el importante logro de las mujeres en México, pero también en Argentina, Colombia o Ecuador han legislado recientemente hacia unmayor acceso al aborto.
Sin embargo, todavía existen países como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta, Andorra, Polonia o Marruecos (entre otros) en los que el aborto continúa estando penado. Esto supone que 700 millones de mujeres en edad reproductiva no tienen a derecho acceso a servicios de aborto legales y seguros. Pero, no son las únicas que tienen que enfrentarse a restricciones legales en el aborto, ya que el 41% de las mujeres en edad de procrear viven en países con leyes muy estrictas sobre el aborto o en los que a pesar de que el aborto sea legal, no tienen medios para ofrecer un aborto seguro y accesible.
A esta situación se ha sumado recientemente Estados Unidos, cuya Corte Suprema ha dictaminado que el derecho al aborto no está amparado por la Constitución. La consecuencia es que cada Estado puede legislar llevando a la cárcel a las mujeres acusadas de abortar y a quienes contribuyen a ello, o también pueden legislar estableciendo limitaciones tan restrictivas que lo hacen inviable en la práctica. Y esto es lo que ya está sucediendo en la mitad de los estados del país.
Manifestación en defensa del aborto celebrada el 28 de septiembre de 2021 en Quito, Ecuador. © Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images
Algunos de los obstáculos con los que las mujeres pueden encontrarse además de una legislación restrictiva, son la poca disponibilidad de servicios, los costes elevados, la estigmatización, la objeción de conciencia del personal sanitario -recientemente se han públicos varios casos en España-, o la exigencia de requisitos innecesarios como el suministro de información engañosa. Muchas mujeres que quieren ejercer su derecho a decidir sobre su embarazo y maternidad se ven obligadas a desplazarse a otros países (o a otros estados en el caso de Estados Unidos). Una posibilidad a la que no todas pueden acceder porque la desigualdad socioeconómica también cuenta negativamente en el derecho al aborto.
El hecho de imponer restricciones en el acceso a un aborto seguro, no desemboca en un menor número de abortos, sino en un mayor número de mujeres y niñas que tienen que poner su vida en riesgo para que se les practique un aborto en unas condiciones que no cumplen los mínimos sanitarios.
Se calcula que cada año uno de cada cuatro embarazos acaba en aborto. Sin embargo, la tasa de aborto no es tan diferente entre los países en los que está prohibido y los que no, siendo 36 por 1000 mujeres las que abortan en los primeros y 39 de 1000 las que abortan en los segundos.
Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro constituye una violación de sus derechos humanos. Por eso, no podemos permitir que se dé marcha atrás en los avances conseguidos en derechos sexuales y reproductivos.
China limita los abortos con “fines no médicos”
Este país lleva décadas aplicando políticas de reproducción restrictivas de cara a controlar su tasa de natalidad, utilizando el aborto y los anticonceptivos para poder cumplir su política de hijo único. Estas medidas han conducido al país a la menor tasa de natalidad desde el año 1960.
Para enfrentar la evidente crisis demográfica, el gobierno ha anunciado que se limitarán los abortos con “fines no médicos” y que “mejorarán la educación sexual y los servicios de planificación familiar tras un aborto o embarazo”. El Gobierno chino aún no ha detallado las especificaciones de estas restricciones, pero sí que tendrá una duración de 10 años, lo que resulta preocupante para los derechos reproductivos de las mujeres y niñas.
China vulnera los derechos humanos, tanto cuando limita el número de hijos e hijas que quiere tener una mujer, como cuando limita el acceso al aborto. Como lo hace Irán cuando, en base a su política geoestratégica de expansión territorial, quiere aumentar la población obligando a las mujeres a procrear con medidas como limitar el acceso al empleo público a las mujeres solteras o sin hijos.
Marcha de las Mujeres celebrada después de que Texas pusiera en marcha una prohibición casi total de los procedimientos de aborto y del acceso a los medicamentos inductores del aborto, 2 de octubre de 2021. © REUTERS/Caitlin Ochs
Texas penaliza el aborto pasadas las 6 semanas de gestación
Tras décadas de la despenalización del aborto en Texas, ha entrado en vigor una ley que prohíbe el aborto a partir de las 6 semanas de gestación. Esta medida constituye un paso atrás en el derecho al aborto, obligando a las mujeres a darse cuenta de su embarazo y tomar una decisión en un periodo de tiempo demasiado corto.
Esta ley no permite excepciones en caso de violación o incestos,únicamente permite el aborto por motivos de salud en los que la vida de la madre corra peligro o su cuerpo pueda sufrir un fuerte deterioro. Además, se han establecido recompensas de hasta 10.000 dólares para la gente que denuncie a quienes ayudan a abortar. Otros estados están siguiendo la misma pauta, como Misuri,Idaho, Tenesee o Virginia Occidental, entre otros.
Esta ley afecta sobre todo a los colectivos más vulnerables, como las adolescentes que pueden no darse cuenta de su embarazo hasta un estado más avanzado, las mujeres con bajos ingresos o las mujeres inmigrantes en situación irregular.
Kansas consigue blindar en referéndum el derecho al aborto
Es lo que ha sucedido en agosto de 2022, cuando la población de este estado de Estados Unidos votó mayoritariamente a favor de que su legislación siga protegiendo el derecho al aborto. Kansas se mantiene así como un “Estado refugio” para las mujeres de esos otros estados que les niegan el derecho a un aborto legal y seguro.
Marcha contra la prohibición casi total del aborto en Polonia y desencadenada por la trágica muerte de Izabela, que falleció por septicemia tras negársele un aborto en el hospital de Pszczyna. © Grzegorz Żukowski
Polonia enjuicia a una defensora de derechos humanos acusada de "ayudar a un aborto"
Polonia es uno de los países de la Unión Europea con una política de aborto más restrictiva. En 2020 su Tribunal Constitucional eliminó uno de los únicos tres supuestos en los que estaba permitido abortar –por defecto fetal grave e irreversible o enfermedad que haga inviable la vida del feto-.
Además, las autoridades persiguen a quienes se manifiestan en contra de esta decisión. En 2021, la defensora de los derechos humanos Justyna Wydrzyńska fue acusada de “ayudar a un aborto” y de “posesión de medicamentos sin autorización con el fin de introducirlos en el mercado”. Este es el primer caso en Europa en el que una activista es enjuiciada por contribuir a un aborto facilitando píldoras abortivas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha anunciado que examinará las denuncias de mujeres polacas que puedan haber sido víctimas de violaciones del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales como consecuencia de la sentencia constitucional sobre el aborto.
El Congreso de República Dominicana vota en contra de la despenalización del aborto
En República Dominicana el aborto está prohibido en todos los supuestos. Sin embargo, en 2014 la Cámara de Diputados aprobó un Código Penal que despenalizaba el aborto en tres situaciones: cuando el embarazo constituyera un peligro para la vida de la embarazada, cuando el feto no pudiera sobrevivir fuera del útero materno y cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación o incesto. Este paso fue anulado por el Tribunal Constitucional.
Más recientemente, en 2021, la Cámara de Diputados volvió a abrir el debate, pero la mayoría de los diputados se mostraron en contra de la despenalización en esas tres circunstancias específicas, demostrando que la vida y la salud de las mujeres y niñas no forman parte de sus prioridades legislativas.
Dos manifestantes se abrazan durante una protesta para conmemorar el Día Internacional del Aborto Seguro en Ciudad de México, el 28 de septiembre de 2020. © REUTERS/Carlos Jasso
El aborto ya no está penado con la cárcel en México
Afortunadamente también hay países en los que se están consiguiendo avances, como es el caso de México, donde la Suprema Corte ha despenalizado el aborto el pasado 7 de septiembre de 2023, tras una decisión histórica votada por unanimidad. Ahora las mujeres saben que ya no irán a la cárcel por tomar la decisión de acortar o simplemente porque alguien las acuse de hacerlo.
Hasta ahora, solo los estados de DF, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz tenían leyes de interrupción del embarazo por plazos y en algunos supuestos cómo que constituyera un peligro para la salud de la embarazada.
Chile tiene una nueva oportunidad para seguir avanzando
Hasta 2017, el aborto estaba prohibido en todos los supuestos. Ese año se modificó en el Código Penal para despenalizar tres supuestos, por violación, por riesgo del embarazo para la vida de la madre y por inviabilidad del feto, lo que ya supuso un paso muy importante, para las mujeres de Chile, pero también para toda la región.
Ahora, en el proceso constituyente emprendido en el país, la despenalización del aborto es uno de los derechos que están a debate para que la nueva constitución lo proteja. Los avances ya conseguidos en otros países vecinos ayudan en este objetivo.
Manifestación por el derecho al aborto en el mundo, celebrada el 7 de mayo de 2022 en Ámsterdam, Países Bajos. © Pierre Crom/Getty Images
Colombia también despenaliza el aborto
Las mujeres en Colombia, siguiendo la estela de las mujeres de Argentina y México, litigaron ante su Tribunal Constitucional por el derecho a no tener que ir a la cárcel, acusadas de abortar. Finalmente, en febrero de 2022, el Tribunal les dio la razón permitiendo que el aborto sea legal en las primeras 24 semanas de embarazo.
Este es otro paso más para que el derecho al aborto legal y seguro sea una realidad en toda América Latina y el Caribe, una de las regiones del mundo con legislaciones más restrictivas.
Corea del Sur y Tailandia, avances para acceder a un aborto legal y seguro
El aborto se despenalizó en Corea del Sur en enero de 2022, tras un fallo previo del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional su prohibición y, en febrero fue el Parlamento de Tailandia el que reformó su Código Penal para legalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de embarazo.
En España, de la ley al hecho todavía hay un trecho
En España aunque la ley sobre el acceso al aborto señala que la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma, en la realidad esto es excepcional, ya que la mayoría de los abortos se realizan en centros privados, produciéndose una barrera de acceso al aborto muy importante.
Esto se debe, en gran parte, a la falta de un mecanismo efectivo que garantice el acceso al aborto en casos de ejercicio de objeción de conciencia por parte de personal médico. Recientemente han tenido gran repercusión en medios, el testimonio de mujeres que se han visto gravemente afectadas por esta situación.
La buena noticia es que en marzo de 2023 ha entrado en vigor la Ley Orgánica 1/2023 que introduce dos elementos importantes para garantizar el derecho efectivo al aborto legal y seguro: eliminar la exigencia de consentimiento paterno para que las chicas de 16 y 17 años y las mujeres con discapacidad interrumpan el embarazo; y se establece la obligación de que cada hospital debe de contar con la relación de personal sanitario objetor y poder así planificar la garantía de la prestación, mayoritariamente en la sanidad pública y, por tanto, cerca de los domicilios de las mujeres.
Manifestación organizada por Amnistía Internacional en Roma para protestar contra la abolición del aborto en Estados Unidos. © Matteo Nardone/Pacific Press/LightRocket vía Getty Images
Es el momento de actuar por el derecho al aborto
Desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y su Programa de Acción en 1994, son muchos los países que han modificado sus leyes y su compromiso de prevenir los abortos inseguros, liberalizando el aborto y ampliando los motivos por los que el aborto es legal.
En la última década conviven los avances pero también el interés de gobiernos y grupos antiaborto por hacer retroceder los derechos reproductivos de mujeres y niñas.
“En los últimos 25 años, más de 50 países han modificado su legislación para permitir mayor acceso al aborto, en ocasiones reconociendo que el acceso al aborto sin riesgos es fundamental para la protección de la vida y la salud de las mujeres.”
Las leyes de derechos humanos y las normas de la Organización Mundial de la Salud exigen que los Estados despenalicen el aborto y eliminen las barreras de acceso. El Plan de Acción de Género de la Unión Europea también reitera su compromiso para garantizar un entorno legal, político y social propicio para la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y muchos países europeos han sido líderes en la tendencia global de liberalización del acceso al aborto y para eliminar barreras. Sin embargo, todavía países de todo el mundo incumplen esta premisa e incluso eliminan los derechos ya conseguidos, como muestra el caso de Polonia y Estados Unidos.
Por eso es tan importante que actuemos para que los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto, sigan avanzando y se extienda por los gobiernos de los países que todavía no han permitido que se produzca este necesario e imprescindible cambio.
En Amnistía Internacional iniciamos una Campaña Global el 28 de septiembre, Día Internacional del Aborto Seguro, que vamos a desarrollar hasta marzo de 2024. El objetivo es defender el derecho efectivo al aborto, mostrar el impacto que tiene su prohibición entre las personas que lo necesitan y denunciar las barreras que deben enfrentar las defensoras y defensores de este derecho y quienes prestan la atención médica.
